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Recién creada política de biotecnología debe pasar a acciones
Por: Gustavo Buitrago, Director Instituto de Biotecnología Universidad Nacional de Colombia


A pesar de que el país ha firmado acuerdos internacionales para proteger y dar buen uso a su rica biodiversidad, los hechos concretos se quedan cortos. El Conpes 3697 establece un nuevo esquema en el que el sistema de ciencia y tecnología juega un papel crucial. Una de las propuestas es instituir una empresa nacional de bioprospección.
La riqueza biológica del país todavía es, en buena medida, desconocida. Fotos: Andrés Felipe Castaño / Unimedios
La nueva Ley de Biotecnología debe afrontar varios retos, por ejemplo, despejarles el camino a los científicos para que puedan hacer sus investigaciones con todas las garantía legales
La nueva Ley de Biotecnología debe afrontar varios retos, por ejemplo, despejarles el camino a los científicos para que puedan hacer sus investigaciones con todas las garantía legales

El Instituto de Biotecnología de la UN es uno de los líderes
del país en bioprospección

Colombia tiene una definida vocación a la suscripción de convenios y acuerdos multilaterales relacionados con asuntos ambientales. Basta recordar que las Naciones Unidas dieron comienzo a sus acciones en este campo a finales de la década de 1970 y nuestro país, ya en 1974, construyó y puso en funcionamiento un código ambiental.

Se destaca, además, la suscripción del Acuerdo de Nagoya (2010), así como el liderazgo que ha ejercido en relación con el Acuerdo de Río de Janeiro sobre Diversidad Genética, o la Decisión 391 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) sobre Acceso a Recursos Genéticos. En este último caso, sin embargo, no se ha reflejado una adopción y aplicación eficaz ni eficiente.

Son muy pocos los resultados desde que en 1996 se formuló la Política Nacional de Biodiversidad para promover la conservación, conocimiento y uso sostenible de los ecosistemas colombianos. La Decisión 391 entró en vigencia para la CAN ese año, cuando el país era un evidente líder mundial en el tema; sin embargo, esa condición de haber elaborado un marco normativo sobre el acceso con anticipación no se reflejó en oportunidades de desarrollo y manejo responsable; por el contrario, se constituyó en una barrera para generar conocimiento.

En estos 15 años se han firmado unos 50 contratos de acceso a recursos genéticos en nuestro país con fines de investigación, pero ni uno solo sobre acceso con fines comerciales y de generación de beneficios sociales.

ContradicciónParadójicamente, la aplicación de la norma, antes que constituirse en un estímulo para el sistema nacional de ciencia y tecnología, se erigió como una barrera y limitante. Esto impide que los científicos exploren la naturaleza con el objetivo de valorarla y construir escenarios para su buen uso, más allá de los fines meramente contemplativos.

Para preservar la biodiversidad es indispensable conocerla a partir del discernimiento que genera el aparato nacional de ciencia, tecnología e innovación (CT+I). Si lo que se quiere es generar oportunidades de desarrollo y que ello se traduzca en riqueza social, igualmente se requiere de su apropiación.

En ese sentido, es pertinente establecer múltiples acciones que brinden las condiciones científicas, tecnológicas, de innovación, sociales y culturales necesarias para permitir que la sociedad conozca y reconozca sus recursos genéticos. Además, que los apropie con fines de conservación y elabore toda una cadena de valor que dé paso a oportunidades de progreso.

La triada "conocer, conservar y dar uso sostenible" es un propósito de la normatividad ambiental; lo es igualmente para las instituciones y grupos de investigación que dedican sus esfuerzos en CT+I enfocados a los recursos genéticos y a los socioecosistemas. Infortunadamente, no hay suficiente armonización entre el quehacer de las autoridades ambientales y el sistema de CT+I.

Desde 1996, por ejemplo, la gran mayoría de los integrantes del sistema se encuentran inmersos en la ilegalidad por las dificultades que han existido para que el Estado instrumente, reglamente y haga aplicable la Decisión Andina 391.

OportunidadesHace poco surgió un nuevo propósito nacional que pretende incidir favorablemente para que la biodiversidad se constituya en base de proyectos de desarrollo. Se trata del Conpes 3697 del 14 de junio de 2011, conocido como Ley de Biotecnología.

Este documento de política pública tiene como objetivo principal "crear las condiciones económicas, técnicas, institucionales y legales que permitan el desarrollo de empresas y productos comerciales basados en el uso sostenible de los recursos biológicos, genéticos y sus derivados, los cuales servirán de base de nuevos productos para diversas industrias como la cosmética, la farmacéutica, la agroalimentaria, de materiales y la de productos naturales, entre otros".

Esta es una nueva intención de la Nación por aprovechar una de sus mayores riquezas, pero para tal fin debe fortalecerse y estimularse la investigación al respecto. El Conpes sienta bases para que la bioprospección y la biotecnología se constituyan en herramientas fundamentales en el manejo responsable de la diversidad biológica, reconociéndolos como factores clave en el crecimiento y el mejoramiento de la competitividad.

Los gestores del documento reconocen que una de las tareas prioritarias tiene que ver con el ajuste y la actualización de las normas sobre acceso a los recursos genéticos y sus derivados. Ello es necesario si el objetivo es augurar los buenos resultados de financiación que la estrategia contempla, para así atraer recursos públicos y privados que incidan en la conformación de empresas y el florecimiento de productos comerciales que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los colombianos.

Para llevarlo a la práctica
Según el documento Conpes, con los siguientes instrumentos sería posible hacer de los recursos naturales una alternativa: i) mejorar la capacidad institucional para el desarrollo comercial de la biotecnología y del uso sostenible de la biodiversidad; ii) desarrollar un conjunto de instrumentos económicos para atraer inversiones públicas y privadas que estimulen la creación de empresas y productos; iii) adecuar y revisar el marco normativo relacionado con el acceso a los recursos genéticos, los procesos de registro sanitario de medicamentos biotecnológicos y la regulación sobre producción y comercialización de productos fitoterapéuticos, y iv) evaluar la creación de la Empresa Nacional de Bioprospección.

A estos elementos de estrategia debemos agregar que en el primero también es fundamental articular esas capacidades institucionales para que estos sean propósitos compartidos y con compromiso de Estado.

Sobre la segunda, ojalá en esta ocasión se superen las limitaciones que dieron al traste con las oportunidades perdidas desde 1996; y sobre la tercera, evidentemente se requieren instrumentos que estimulen la generación de conocimiento y de productos, procesos y empresas con claros criterios de una distribución justa de los beneficios, reconociendo y valorando en su contexto apropiado aquellos denominados beneficios no económicos, que son siempre los que se reflejan en mejoras en la calidad de vida de la ciudadanía.

En la tercera estrategia también se resalta la urgencia de disponer de normatividad pertinente sobre registros sanitarios de medicamentos biotecnológicos, para lo cual se fija como fecha el 31 de enero del 2012, asunto que se está trabajando desde el Ministerio de la Protección Social, las agremiaciones de empresas farmacéuticas, las organizaciones de la sociedad civil y la academia.

Este es un tema de especial trascendencia en razón de que en el último año se inició el vencimiento de patentes de medicamentos biotecnológicos, abriéndose así la posibilidad de que al país lleguen en una primera etapa productos con actividad similar, llamados biosimilares, fabricados por empresas diferentes a aquellas que dieron origen al producto innovador.

La mercancía procedería de países muy diversos que incluyen, además de aquellos tradicionalmente líderes en servicios farmacéuticos y biofarmacéuticos, a otros como China e India, que han iniciado desde hace varios años políticas muy agresivas para incursionar en esta moderna y creciente industria, la cual se estima podría representar el 25% de todo el comercio de este segmento en el 2012.

La cuarta estrategia amerita especial análisis. Se trata de evaluar la constitución de una empresa nacional de bioprospección como mecanismo estratégico de la política. La nueva institución deberá integrar capacidades ligadas a un observatorio de la biotecnología y la biodiversidad, a la vigilancia tecnológica y la inteligencia competitiva.

Todo lo anterior con el fin de orientar de manera asertiva las acciones hacia el fomento y estímulo a la investigación, superando las actuales barreras surgidas de una ineficaz aplicación de la normatividad sobre el acceso a los recursos genéticos.

Debe ir ligado, asimismo, al surgimiento de un sector empresarial y de organizaciones sociales que construyan oportunidades desde la biodiversidad, la bioprospección y la biotecnología, a la transformación de la cultura, en donde se moldeen y se fortalezcan las capacidades. Estos son algunos de los tópicos que tendrá que evaluar y abordar la proyectada Empresa Nacional de Bioprospección.

El documento propende por el desarrollo de nuevos sectores en Colombia, más allá del amplio potencial que representa el Turismo de Naturaleza. El objetivo es impactar extensos sectores de la producción que hoy pueden ampliar sustancialmente sus oportunidades empresariales y de negocio al incorporar nuevos productos de origen natural, acorde con la tendencia mundial de privilegiar el uso de actividad biológica en todas las actividades humanas y contribuir significativamente al desarrollo socioeconómico del país.
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